Principales retos para el desarrollo de Colombia

El año pasado, cuando se dio a conocer el informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre desarrollo humano, quedó manifiesto que el desarrollo, más que aumentar el ingreso nacional es, en última instancia, “un proceso destinado a ampliar las alternativas de la gente”, que cuando hablamos de desarrollo humano hablamos de personas, hablamos de expandir sus oportunidades reales y las libertades fundamentales que les permiten vivir la vida que valoran. Comparto esta apreciación, pues considero que el crecimiento económico es un medio para alcanzar el desarrollo humano, como fin último hacia donde deben confluir los esfuerzos de las naciones.

En estas cortas líneas quiero precisar, mediante cuatro aspectos fundamentales, los retos que nuestro país debe afrontar para caminar en la senda del desarrollo y para ampliar las oportunidades de la inmensa mayoría de la población que hoy carece de ellas.

Considero, sin guardar un orden estricto de importancia y sin dar a entender que no se puede trabajar simultáneamente en cada frente, que los retos principales que Colombia debe afrontar para alcanzar un nivel apreciable de desarrollo son: luchar contra la desigualdad, fomentar el respeto a los derechos humanos, fomentar la inversión y erradicar la corrupción.

Para hablar del primer punto, quiero hacer alusión a la frase de Franklin D. Roosevelt, contemplada en el segundo discurso inaugural de la cumbre de las naciones unidas de 1937: “la prueba que enfrentamos en nuestro progreso no es si somos capaces de aumentar el patrimonio de los que tienen mucho, sino si podemos entregar lo suficiente a quienes tienen demasiado poco”.

Luchar contra la desigualdad reinante sobre nuestro territorio es un gran desafío que pone a prueba la capacidad y el nivel de compromiso del estado colombiano con la búsqueda de mecanismos y medios tanto financieros como de orden jurídico, político y social para acercar a la población, tanto urbana como rural, hacia caminos de progreso. Colombia presenta un alto índice de desigualdad, situación que fue corroborada por el Banco mundial en su último estudio sobre concentración de la riqueza en América latina y por el informe de desarrollo humano de la ONU, y que se hace evidente, además de la gran diferencia de ingresos entre los diferentes segmentos en que se encuentra dividida población, en aspectos como problemas de acceso a la educación básica por parte de la población rural y de los estratos pobres urbanos, y más aún en cuanto a las posibilidades de acceso a la educación superior, en la baja calidad de los servicios de salud, saneamiento básico, dificultades de acceso a la propiedad, alta tasa de desempleo y subempleo, por citar solo unos. Situación que se ha visto alimentada por el flagelo del desplazamiento forzado del campesino a la ciudad y por el incremento de la pobreza.

Pero la desigualdad además de segmentaria, también es regional. Mientras Bogotá tiene un índice de desarrollo humano de 0,830, cercano al de Costa Rica (0.846), Chocó tiene 0,685 (según informe 2003), parecido al de Bolivia (0,695). El nivel de alfabetización, la tasa de mortalidad y el porcentaje de desnutrición en la población infantil, el número de familias con acceso a agua potable, los niveles de pobreza y miseria entendidos como el mantenimiento precario de recursos y condiciones mínimas de vida; varían de una región a otra mostrando asimetrías bien marcadas, siendo la región andina la que presenta mejores niveles de desarrollo con respecto al resto del país.

La concentración de los ingresos, merece especial atención, ya que este es síntoma de inequidad, lo cual tiene consecuencias en el bienestar de la población en lo que respecta al acceso y disponibilidad de recursos, selección de satisfactores de necesidades básicas, potencialización de las capacidades y desarrollo de habilidades del individuo, etc. La equidad requiere de una mayor distribución del ingreso y de la propiedad e igualmente del empleo.

Pero además es pertinente prestar atención a la situación de derechos humanos que presenta el país, de la cual los protagonistas principales son los actores armados y la población civil indefensa como agente pasivo. Eso sin contar el maltrato a los niños en el seno familiar y su abandono, así como los vestigios de la violencia común.

El flagelo más conocido, y uno de los más reprochados a nivel internacional, después de la cantidad de victimas que cobra el conflicto armado, es el del desplazamiento forzado de la población de áreas rurales a centros urbanos, el cual al día de hoy deja cifras alarmantes de refugiados por la violencia y la extorsión. Este, seguido del secuestro y del reclutamiento ilegal de niños menores de edad a las filas de los grupos insurgentes, se constituyen en males endémicos que en materia de derechos humanos es necesario erradicar para crear una sociedad más justa y para poder llevar a cabo las políticas estatales que en materia de educación, salud, empleo, servicios públicos domiciliarios, y de distribución de ingresos, el gobierno fije en el marco de sus planes. Pero para llegar a ello se requiere una política seria de reconstrucción de las victimas por parte del gobierno, y un compromiso decidido con la paz de las otras partes del conflicto.

De los avances que se logren en cuanto a desigualdad y derechos humanos, depende que se active la inversión, tanto local como extranjera, en el país. A ello hay que sumarle además, la continuidad en el crecimiento de la economía, la estabilidad macroeconómica, política e institucional, el mejoramiento de nuestra infraestructura física, y el mejoramiento del sistema educativo para preparar un talento humano más calificado. Estos puntos, sumados a la ubicación geográfica estratégica que tenemos, seguro contribuirán a que la confianza de los inversionistas hacia nuestro país siga creciendo.

Pero es pertinente atender algunos puntos críticos de los aspectos mencionados que requieren una solución pronta y eficaz de cara a los retos competitivos que a nuestra economía se le avecinan si se concretan nuevas alianzas comerciales que demanden operaciones ágiles y transparentes de nuestros sistemas empresarial y productivo. Tales puntos a los cuales hago referencia son la deficiente infraestructura vial para conectar los principales centros industriales con los puertos marítimos, y la inestabilidad en la legislación tributaria, aspectos que le restan competitividad a nuestro país y reduce su atractivo ante la inversión extranjera.

Y si de transparencia se trata, es necesario que se elimine su principal contradictor: la corrupción.

Uno de los objetivos básicos del gobierno durante el período 2002-2006, era incrementar la transparencia y eficiencia del estado, objetivo que se encuentra plasmado en el plan nacional de desarrollo de dicho período, pero que al día de hoy todavía le falta mucho por conseguir, dadas las constantes evidencias que saltan a la luz pública sobre casos relacionados por este flagelo.

No se desconoce que se han hecho esfuerzos en la materia, pero es necesario llevar a cabo acciones contundentes que permitan alcanzar resultados coherentes con las políticas fijadas por el gobierno en cada una de las esferas en las que se desenvuelve su actividad, y que han sido mencionadas en anteriores párrafos en este mismo escrito. Es necesario hacer una distribución equitativa de los ingresos de la nación, no se puede seguir tolerando el hecho de que muchos niños, especialmente de regiones marginadas, sigan sin estudios, sin atención básica en salud, sin condiciones mínimas satisfechas, solo porque el desvío ilegal de los recursos o la no asignación correcta no lo permite. Para lograr el desarrollo es necesario que gérmenes nocivos como el clientelismo, el padrinazgo, la celebración indebida de contratos, la malversación de fondos, etc., desaparezcan de la administración nacional de este país.

Solo si se logra avanzar en estos cuatro aspectos fundamentales será posible esperar por un desarrollo que nos integre a todos.