Para explicar el origen de las pirámides es imperante analizar de manera global los múltiples problemas sociales, económicos y políticos que padece nuestro país; pero más allá de ello, es necesario fijar la mira en la estructura de valores que sustentan la convivencia y el libre desarrollo de nuestra sociedad. Y en este análisis no puede prevalecer solamente el punto de vista de una parte o de un sector de la población en particular; aquí es fundamental reconocer que en una nación corrupta en todas sus esferas sociales, las manifestaciones de este flagelo son sistemáticas.
Las pirámides son simplemente una de esas manifestaciones del extenso y variado menú que configura a la madre de todas las desventuras que golpean y reducen cada vez más a esta alicaída nación: la ya conocida corrupción; la corrupción presente, en menor medida, desde el mismo seno familiar, hasta, en mayor proporción, en los altos círculos de poder que gobiernan este país; la misma corrupción que ha engendrado a los carteles del narcotráfico, a los grupos armados al margen de la ley y con ellos el conflicto armado y sus más puntuales caracterizadores (el desplazamiento forzado, las masacres colectivas, las ejecuciones extrajudiciales, etc.) y a la gran camada de políticos al servicio del fraude. Y es la situación actual, la desencadenada por la caída de las firmas DMG Y DRFE, un ejemplo palpable y una prueba fehaciente del grado de permeabilidad de lo ilícito en la sociedad colombiana. Y si no es así, como se explica que dos firmas completamente ilegales se constituyeran y permanecieran por tanto tiempo captando a raudales dineros de un público incauto, cegado por la avaricia, por el deseo de obtener dinero fácil (pero a la vez presa de un sistema financiero inclemente), sin ningún tipo de control y haciendo presencia en un gran número de municipios y ciudades del país.
En primera instancia, quienes iniciaron estas organizaciones sabían que en algún momento el sistema de captación que las mantenía en pie iba a colapsar, por lo tanto desde sus inicios ambas obedecían a un plan vil, delincuencial y macabro. De otro lado, quienes acudieron en masa a este llamado dejan entrever que la seducción ejercida por la riqueza fácil, rápida y sin esfuerzos puede más que la sensatez y la cordura, aún cuando ya estaban avisados. Pero no podemos apartar que gran parte de la culpa recae en el estado, un estado que fue incapaz de controlar a tiempo el crecimiento de estos negocios ilícitos, en parte por la laxitud de los mecanismos de control, en parte por su propia complicidad; y que ya formado el problema se ha centrado en señalar como culpables a promotores y seguidores, desconociendo que las zonas donde florecieron dichos negocios son zonas de marcada inestabilidad social, golpeadas por el narcotráfico, donde tienen presencia grupos armados ilegales y donde la falta de alternativas económicas diferentes a las derivadas de la siembra, producción y comercialización de la coca hacen mella. Zonas donde su influencia representada en aéreas como la educación y la salud son hoy más vitales que nunca.
Además, esta situación debe servir para que haya un replanteamiento del sector financiero y su forma de operar, pues; lo sucedido, y lo que posiblemente aún está por suceder (la manifestación violenta de los inversionistas defraudados) pone en evidencia el descontento generalizado por la actuación, principalmente, de los bancos por los excesivos costos a que somete a los usuarios, y del gobierno por no tomar medidas para que estos no se sigan enriqueciendo a costa del colombiano del común.
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